Tal y como se han aprobado en el seno del Gobierno de Aragón, la comunidad contará con una nueva Ley de Función Pública con el objetivo de que sea el paraguas bajo el que se refugien todas las normativas, decretos, órdenes de lo que es la evolución de la función pública de la Comunidad Autónoma.
El objetivo es iniciar este trámite desde el 1 de enero de 2025 y que sea una realidad en ese mismo año. La puesta en marcha de esta ley es un reto hasta el punto de que desde el año 2007 se ha intentado, pero nunca se ha conseguido.
En la línea de lo que ya anunció el consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, el director general de Función Pública, Antonio Villacampa, en su comparecencia en comisión, ha subrayado la importancia de sacar adelante esta normativa “para no sacar parches en sucesivos decretos con los que dar cumplimiento a lo que es la evolución de la sociedad. Bermúdez de Castro, como consejero, tiene empeño en sacarla adelante y desde el día 1 empieza el proceso”.
La puesta en marcha de esta ley para lo que se maneja un calendario de que esté en las Cortes en 2025, forma parte del programa de cinco puntos que el departamento de Hacienda y Administración Pública planeta para modernizar y agilizar la administración autonómica.
Así, las otras cuatro líneas de trabajo hacen referencia a la digitalización de la administración, la normalización de la Oferta Pública de Empleo, la prevención de los riesgos laborales y la evaluación de los puestos de trabajo en la Administración, tal como reclaman los sindicatos y se reivindica desde hace varias legislaturas.
Por otra parte, el director general de Función Pública, también ha puesto el foco en la elaboración de una normativa de indemnizaciones por razón de servicio como es, por ejemplo, el caso de hacer un denominador común en las dietas con independencia del cargo en la Administración.
