El Pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado este jueves una proposición no de ley de CHA para desarrollar el derecho al aborto conforme a la legislación ya aprobada. PP y VOX han rechazado, entre otros puntos, que todos los hospitales públicos de la comunidad autónoma dispongan de los recursos humanos y materiales necesarios para realizar la interrupción voluntaria del embarazo en todas las semanas de gestación permitidas por la ley.
PP y VOX también han votado en contra de «implementar programas de formación y sensibilización dirigidos al personal sanitario sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención integral y respetuosa a las mujeres que solicitan este servicio».
Así como «realizar campañas informativas dirigidas a la población para informar sobre los procedimientos disponibles y los centros sanitarios habilitados para la interrupción voluntaria; crear una comisión de seguimiento y evaluación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Aragón, que recopile datos periódicos y emita informes sobre la situación y los avances en la implementación de estas medidas y establecer acuerdos de colaboración con otras comunidades autónomas para asegurar la continuidad asistencial en caso de desplazamiento, garantizando la coordinación y transferencia de información necesaria para la atención integral de las mujeres».
Junto con el PAR, PP y VOX han votado en contra de «establecer un protocolo que incorpore las condiciones mínimas que deben tener los registros de objetores de conciencia de las interrupciones voluntarias del embarazo» y fijar «un porcentaje mínimo de profesionales no objetores que permita acceder a la interrupción voluntaria con garantías para la ciudadanía, de tal modo que si este porcentaje no quedara cubierto, el Salud deberá establecer mecanismos de contratación administrativa de profesionales no objetores siempre en estricto cumplimiento de la normativa aplicable». Los restantes partidos han votado a favor de toda la iniciativa.
Un derecho «que sigue cuestionado»
La diputada de CHA Isabel Lasobras ha afirmado que el derecho al aborto «sigue cuestionado» y ha recordado que el Tribunal Constitucional ha establecido que los hospitales públicos sean centros de referencia para la interrupción del embarazo.
«El dolor, el duelo, la sensación de alivio, el enfrentamiento a unas creencias, la necesidad o no de tener un hijo, a todo esto nos enfrentamos las mujeres a la hora de tomar una de las decisiones más difíciles de nuestras vidas», ha continuado Lasobras, asegurando que «el derecho al aborto todavía tiene que pelearse» porque «aún conlleva desprecio y rechazo, sigue tachado de antinatural».
Ha dicho que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva reconoce a todas las mujeres en el acceso a los servicios necesarios en un centro hospitalario público cercano, pero «en Aragón este derecho no puede ejercerse de manera efectiva y plena en el territorio», recalcando que las provincias de Huesca y Teruel no cuentan con un centro privado acreditado: «Hoy pierden derechos las mujeres del medio rural».
El diputado del PP Jesús Fuertes ha dejado claro que su partido cumple las leyes aprobadas: «No ha cambiado nada en estos 10 meses que llevamos gobernando». «Se cumplen con rigor» las leyes, ha seguido, recordando que la legislación vigente permite derivar a la red sanitaria privada la interrupción del embarazo.
Por otro lado, el parlamentario del PSOE Iván Carpi ha rechazado «los posicionamientos de otro tiempo, alejadísimos de la realidad social, y tenemos que aguantarlos en el Parlamento autonómico, el peaje por este mal casamiento que tienen en este Gobierno». Ha defendido la interrupción voluntaria del embarazo como derecho fundamental y el acceso a los servicios necesarios en el centro hospitalario público más próximo a la vivienda.
Para el portavoz de VOX, Santiago Morón, la iniciativa «no es realista, cuestiona la capacitación de los sanitarios en la red pública y excede la propia ley». Ha opinado que «no es realista pretender que en cada hospital haya un equipo capacitado» y ha rechazado «el feminismo radical que denuncia la violencia ginecológica» generalizando «la anécdota». «El aborto no es una práctica inocua, sino un acto cruento», ha opinado.
En representación de Aragón Teruel Existe, Pilar Buj, ha llamado la atención sobre la dificultad de las personas que viven en las zonas menos pobladas para acceder a la sanidad en las mismas condiciones que quienes viven en ciudades. «El problema se agudiza todavía más» en el caso del derecho al aborto, ha añadido.
El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha indicado que en Aragón la mayor parte de las interrupciones del embarazo se realizan en centros privados de la ciudad de Zaragoza y ha criticado que el Gobierno de Aragón «hace objeción de conciencia institucional», tras lo que ha puntualizado que «no puede colisionar con el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo». Ha pedido que se garantice el ejercicio del derecho al aborto en la red sanitaria pública.
Desde el PAR, el diputado Alberto Izquierdo ha señalado que «también es un derecho ser objetor», mostrándose «partidario de que se cumplan los derechos de las personas».
