Nuevas informaciones sobre el caso del Centro de Acogida de Menores de Ateca (Zaragoza). La jueza de Calatayud encargada de la instrucción ha dictado una providencia en la que advierte a las partes de las sanciones que puede conllevar la revelación de datos sobre los menores incluidos en la causa.
Una causa que ya acumula 11 denuncias tras el atestado ampliatorio presentado por la Guardia Civil. La jueza instructora del juzgado de Mixto número 2 de Calatayud manifiesta que se han estado producido «de forma incesante» diversas «filtraciones mediáticas» en varios medios de comunicación de alcance local y nacional.
Dichas filtraciones, señala el escrito que ha sido recogido por Europa Press, muestran «datos y acontecimientos de carácter íntimo y privado sobre menores de edad, los cuales deben ser tutelados por parte de este órgano judicial».
Debido a ello, la magistrada advierte a las partes personadas en el procedimiento, a los familiares de los menores, así como a cualesquiera otras partes que se personen con posterioridad a la notificación de la presente resolución, que «en caso de persistir en la filtración de datos de la instrucción que afecten a menores de edad, se impondrán de oficio multas sancionadoras y se adoptarán de oficio las medidas legales pertinentes».
Dicha comunicación ya ha sido trasladada tanto a las partes como al Ministerio Fiscal y contra la que cabe presentar una recurso de reforma en el plazo de tres días.
La jueza también aclara que ya son 11 las denuncias de padres y madres de menores de distintos puntos de la Comunidad residentes en el centro las incluidas en la investigación abierta contra cinco trabajadores del CAM de Ateca como posibles autores de delitos contra la integridad moral, agresión sexual, torturas y pertinencia a grupo criminal.
El recuento llega tras la reciente presentación por la Guardia Civil de un atestado ampliatorio con otras nueve denuncias además de las de los dos menores que motivaron las cinco detenciones.
Además, la jueza instructora ha ordenado devolver la tutela a la madre de uno de los menores que denunciaron los hechos objeto de la investigación. En su auto, la jueza revoca la tutela del menor asumida por el IASS y su devolución a su madre tal y como ésta había solicitado, una decisión corroborada por la conformidad del Ministerio Fiscal y el Gobierno de Aragón.
En su auto, la jueza expresa que «al no apreciarse óbices o circunstancias negativas que impidan la devolución de la custodia del menor a su progenitora, procede revocar a la DGA (Gobierno de Aragón) la tutela ‘ex lege’ asumida sobre el citado menor».
En este caso, la jueza explica en su auto que, «tras la exploración del menor practicada en sede judicial en el marco de la instrucción penal que investiga la posible comisión de delitos de torturas, contra la integridad moral, agresión sexual y pertinencia a grupo criminal por parte de trabajadores del centro de Atención de Menores de Ateca, éste expresó su voluntad de retornar al domicilio familiar con su progenitora y los restantes miembros de la familia.
Asimismo, su progenitora ha solicitado la recuperación de la guarda y custodia del menor y su tutela, tras haber fracasado el cuidado por parte de la entidad pública en su bienestar y salvaguarda, ya que existen indicios racionales de la comisión de los delitos reseñados con anterioridad, de los que fue víctima, junto otros menores.
