El Grupo Socialista ha expresado su firme oposición al Proyecto de Ley de Vivienda impulsado por el Gobierno de Aragón, liderado por Jorge Azcón, al considerarlo un texto que no garantiza el derecho a la vivienda, sino que favorece a promotores privados a costa del patrimonio público y el esfuerzo de los ciudadanos. La portavoz socialista de Vivienda, Beatriz Sánchez, ha sido rotunda al afirmar que la ley del PP «no resuelve los problemas de la mayoría de la gente», sino que busca «permitir que algunos hagan negocio».
En su intervención, Sánchez criticó duramente la propuesta del Ejecutivo de Azcón, subrayando que, a diferencia de la ley estatal aprobada por el Gobierno de España para garantizar el acceso a la vivienda y frenar la especulación, la iniciativa del PP se orienta hacia el beneficio de constructores y grandes tenedores, desprotegiendo a quienes más necesitan vivienda asequible.
Uno de los aspectos más graves del proyecto de ley es su propuesta de utilizar suelo público para promover la construcción privada. «En lugar de fomentar el alquiler social o aumentar el parque de viviendas públicas, el PP prefiere regalar recursos públicos a grandes promotores, en lugar de destinarlos a garantizar este derecho para las familias aragonesas», denunció Sánchez.
En concreto, la portavoz socialista citó ejemplos de políticas de vivienda del PP en Zaragoza, como la recalificación de terrenos destinados a equipamientos deportivos para la construcción de promociones privadas. Hizo especial énfasis en el caso de la Vía Hispanidad, donde un campo de fútbol y un skate park han sido eliminados para dar paso a la construcción de una torre de 500 viviendas, criticando la falta de respeto a los bienes públicos y a los zaragozanos que no podrán permitirse vivir en esa zona.
«Esos terrenos son de todos los zaragozanos, incluso de aquellos que no podrán permitirse un piso allí», señaló Sánchez, advirtiendo que este tipo de decisiones aumentarán la densidad de población sin reforzar los servicios públicos necesarios, además de cerrar las puertas a las familias que necesitan vivienda social.
La ley no frena la especulación
Otro de los puntos clave en la crítica socialista fue la falta de regulación sobre el alquiler, un tema que ha sido completamente ignorado por el proyecto de ley. Sánchez subrayó que, en lugar de limitar los precios del alquiler y regular a los grandes tenedores, como hace la ley estatal, el Gobierno de Aragón deja el mercado en manos de fondos de inversión y grandes propietarios. «El PP asegura que los precios bajarán con la construcción de más viviendas, pero si no hay límites a los grandes tenedores, los fondos de inversión dominarán el mercado y controlarán los precios del alquiler», alertó.
La ley también ha sido criticada por no regular las viviendas turísticas, dejando su control a los ayuntamientos, muchos de los cuales no cuentan con la capacidad para gestionarlas. Además, el texto ignora alternativas como las cooperativas en cesión de uso, un modelo que ha demostrado ser eficaz en otras regiones y que había sido recomendado por expertos durante la consulta pública del proyecto.
Un presupuesto insuficiente
El PSOE también ha señalado la falta de compromiso presupuestario del Gobierno de Aragón para afrontar el reto de la vivienda. Según denunció Sánchez, el 0,3% del gasto total no financiero del presupuesto se destina a vivienda, una cifra muy inferior al 1,75% que el Gobierno de España asigna a este sector, a pesar de que no tiene competencias directas en la materia. «El PP sigue dependiendo de los fondos del Estado para financiar su modelo, mientras que el Gobierno de Aragón debería asumir sus propias responsabilidades», indicó la portavoz socialista.
Por todas estas razones, el Grupo Socialista ha votado en contra del Proyecto de Ley de Vivienda, asegurando que se aleja de un modelo de justicia social y de protección para las clases medias y trabajadoras, y que no combate la especulación inmobiliaria como debería.
