STEA se opone a los conciertos educativos con centros privados en Aragón

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) cualquier iniciativa del Gobierno de Aragón que busque establecer conciertos con centros privados para las etapas de Bachillerato y Educación Infantil de 0 a 3 años. Según el sindicato, estas medidas son consideradas «contrarias a la Ley, además de innecesarias».

El sindicato ha expresado su «profunda preocupación» por las políticas anunciadas por el presidente aragonés, Jorge Azcón del Partido Popular (PP), durante el reciente debate sobre el estado de la Comunidad. Además, STEA ha comunicado su intención de llevar a cabo movilizaciones en contra de estas medidas. Según la legislación vigente, el principio de gratuidad de la enseñanza obligatoria debe ser garantizado a través de la red de centros públicos, recurriendo a los centros privados concertados únicamente cuando la demanda de plazas exceda la oferta pública.

En el caso específico del Bachillerato, que es una etapa educativa no obligatoria, STEA ha señalado que actualmente existen suficientes plazas vacantes en los centros públicos, lo que hace innecesario destinar recursos públicos para financiar esta etapa en centros privados. Un ejemplo de esta situación se observa en Zaragoza capital, donde este curso se han ofertado más de 700 plazas de Bachillerato que no han sido cubiertas. STEA advierte que establecer nuevos conciertos significaría un uso ineficiente del presupuesto educativo y una transferencia de fondos públicos hacia entidades privadas.

Cierre de aulas públicas y la situación de la educación infantil

En cuanto a la etapa educativa de 0 a 3 años, STEA sostiene que la prioridad del Gobierno de Aragón debería ser la creación de una red pública de escuelas infantiles. Esta red pública no solo facilitaría la conciliación familiar y laboral, sino que también contribuiría a fijar población en las localidades aragonesas. El sindicato argumenta que desviar fondos públicos hacia la red privada en esta etapa no obligatoria perjudica el desarrollo de una red pública sólida y equitativa.

STEA subraya que los presupuestos para la educación pública y concertada funcionan como vasos comunicantes, es decir, «si aumenta uno es a costa del otro». En un contexto donde se están cerrando decenas de aulas públicas y existe el riesgo de que algunos colegios desaparezcan, plantear estas medidas resulta contradictorio. En Zaragoza, por ejemplo, se han cerrado 22 aulas en centros públicos durante el presente curso debido al descenso de la natalidad. Sin embargo, la DGA no ha aplicado el mismo criterio a los centros privados sostenidos con fondos públicos, donde no se ha cerrado ni una sola aula.

Por estas razones, STEA reitera su exigencia de que la partida presupuestaria destinada a nuevos conciertos educativos se redirija a los centros públicos, que son suficientes para atender a todo el alumnado aragonés con calidad. El sindicato enfatiza que «esta inversión debe orientarse a mejorar las infraestructuras educativas, reducir las ratios, estabilizar al profesorado interino y mejorar las condiciones laborales y salariales del personal docente».

Compromiso con una enseñanza de calidad y accesible

STEA sostiene que solo de esta manera el Bachillerato público podrá seguir siendo una enseñanza de calidad accesible para todo el alumnado, sin que el nivel de renta de las familias determine los resultados académicos, como lamentablemente ocurre en parte de la enseñanza privada concertada.

El sindicato exige que cualquier decisión relacionada con la subvención o concertación de centros privados, tanto en la etapa de 0 a 3 años como en Bachillerato, sea debatida en la mesa de negociación con las organizaciones sindicales de la enseñanza pública. Esto es crucial, ya que el trasvase de fondos públicos a empresas educativas privadas repercute directamente en la reducción de plantillas y recursos humanos en la red pública.

STEA no permitirá «la merma de empleo ni el deterioro de la enseñanza pública aragonesa». Además, el Gobierno de Aragón no ha especificado el presupuesto que implicaría esta medida, aunque ha anunciado que se implementará en el próximo curso 2026-2027 en los primeros centros privados. Una vez que esta medida tenga un reflejo normativo, STEA presentará un recurso contencioso-administrativo ante el TSJA.