El Gobierno de Aragón Expresa Descontento Tras Reunión Sobre Atención a Pacientes con ELA
El Gobierno de Aragón ha manifestado su descontento tras la reciente reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la que se discutió el nuevo Real Decreto Ley sobre la atención a los pacientes con ELA. Según el Ejecutivo autonómico, el encuentro concluyó con un compromiso de estudiar a fondo la norma, aunque criticaron al Gobierno central por la falta de transparencia y participación en su elaboración.
Representantes del Ejecutivo aragonés indicaron que la comunidad asistió a la reunión con una “total predisposición a escuchar”, pero lamentaron haberse enterado del contenido del decreto a través de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según afirmaron, ni las comunidades autónomas ni las asociaciones de pacientes y familiares fueron consultadas durante el proceso previo, a pesar de ser las entidades encargadas de implementar las medidas propuestas.
Además, señalaron que la documentación del decreto fue enviada solo 24 horas antes de la reunión, la cual fue convocada con poco tiempo de antelación. Durante su intervención por videoconferencia, la representación aragonesa enfatizó que la nueva ley “no puede quedarse en grandes titulares ni generar falsas expectativas” entre los enfermos de ELA, destacando la necesidad de que las medidas se traduzcan en una atención real, de calidad y con dignidad.
El Gobierno de Aragón recordó que actualmente hay alrededor de 90 pacientes diagnosticados de ELA en la comunidad y se comprometió a garantizar el cumplimiento del decreto en el territorio, una vez se concrete su aplicación. No obstante, insistió en solicitar al Ejecutivo central que permita la participación activa de las autonomías en el desarrollo de la normativa y en la definición de los recursos necesarios para su implementación efectiva.
Desde el Ejecutivo aragonés reiteran su apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad y a sus familias, pero advierten que una norma sin diálogo ni planificación puede convertirse en una fuente de frustración si no se acompaña de financiación y coordinación con las comunidades.
