El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en relación a la Ley de derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, ha informado el alto tribunal en una nota informativa.
El tribunal, tras haber invocado el Gobierno en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de la derogación, desde la fecha de interposición del recurso –29 de mayo de 2024– para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
En su demanda, el presidente del Gobierno de España alega que la ley podría vulnerar los artículos 10.1 y 15 de la Constitución, por la derogación de los preceptos relativos al estatuto de las víctimas.
Además, también sostiene que la norma podría ser contraria a competencias estatales en relación al artículo 149.1.1 y del deber de colaboración así como el 149.1.30 CE.
En este sentido, dl ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que espera que el Tribunal Constitucional (TC) declare ahora inconstitucional la Ley de derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, una vez que ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
En declaraciones a los medios, Torres ha invitado además a la «reflexión» al Ejecutivo presidido por Jorge Azcón (PP) que, según ha dicho, «no quiso» sentarse con el Gobierno «para llegar a un acuerdo» antes de que el Gobierno presentara el recurso al TC.
Según ha asegurado, con la derogación de la ley de Memoria democrática se «dificulta» a las asociaciones de memoria histórica el «poder acceder a las subvenciones»; «no da publicidad de las exhumaciones»; y «no trabaja con la Justicia con la reparación y la verdad».
Por último, el ministro ha lamentado que los presidentes autonómicos del PP aprueben leyes «obligados» por su socio de gobierno, Vox, con normas que «son capaces de eliminar de sus leyes anteriores la condena al franquismo». «Una lástima porque la dictadura, el totalitarismo y el franquismo deben ser condenados por cualquier demócrata», ha recalado.
