El Gobierno de España destinará un total de 40 millones de euros en Aragón para avanzar en el nuevo modelo de cuidados en Dependencia, con el objetivo de mejorar la vida de los aragoneses y las aragonesas. Así lo ha informado hoy el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy.
La propuesta, presentada en el Consejo de Ministros de este martes, pretende repartir más de 783 millones de euros (783.197.429 euros) entre las Comunidades Autónomas (a excepción de País Vasco y Navarra por sus regímenes especiales fiscales) y Ceuta y Melilla para la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
La cifra propuesta ha sido autorizada en el seno del Gobierno y revalida el récord histórico de 2023 para financiar el SAAD, incrementando en hasta 500 millones más la dotación presupuestaria que hubo en 2021.
«Para nosotros, la Dependencia es una cuestión de Estado y vamos a destinar todos los recursos posibles que estén en nuestra mano para reforzar el sistema«, ha declarado Pablo Bustinduy, al tiempo que explicaba que este año se repite la cifra debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, y recordando que el objetivo es que el Gobierno de España siga aumentando esta cifra en los próximos años hasta alcanzar el 50% de la financiación total en cada territorio.
«Esto es algo que figura en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar para esta legislatura, y que vamos a poner en marcha con el compromiso de que los gobiernos autonómicos mantengan su inversión«, ha dicho el ministro. Bustinduy también ha destacado que la dotación presupuestaria aprobada este año incluye, entre sus principales objetivos, empezar a implementar la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización que ha desarrollado el Ministerio que dirige y que supondrá una «revolución en el modelo de cuidados» porque priorizará que las personas con dependencia reciban cuidados profesionales en su domicilio y en entornos comunitarios «para que puedan disponer de un proyecto de vida más digno frente al actual modelo de macrorresidencias«, ha apostillado.
De esta manera, el reparto de los más de 783 millones de euros incidirá en la puesta en marcha de esta Estrategia de Desinstitucionalización, aprobada hace un mes en el Consejo de Ministros, para dar preferencia a servicios centrados en la persona como los cuidados a domicilio, la teleasistencia y los centros de día.
Además, el reparto se realiza en base a criterios objetivos como el número de personas atendidas y de población potencialmente dependiente en cada Comunidad Autónoma, la reducción de las listas de espera en el territorio, la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector, o el nivel de gasto que ejecute cada gobierno autonómico en este ámbito.
El dinero se reparte a través del mecanismo de financiación conocido como «nivel acordado«, que permite a la Administración General del Estado distribuir créditos entre las Comunidades Autónomas, suscribiendo convenidos entre el gobierno central y el de cada región.
La distribución de estos créditos llega al Consejo de Ministros tras haber debatida sido ya debatida con las Comunidades Autónomas en diversas reuniones bilaterales, en la Comisión Delegada del Sistema para la Autonómica y Atención a la Dependencia, en el Comité Consultivo del SAAD, y en el Consejo Territorial de Servicios Sociales para la autonomía y Atención a la Dependencia.
Además, esta distribución también se elevará al Consejo Estatal de las Personas Mayores, al Consejo Nacional de la Discapacidad, y el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social. Llevado a cabo todo esto, ahora el siguiente paso es elevar de nuevo esta propuesta de distribución al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para su aprobación definitiva. Y, a partir de ese momento, será cuando se suscriban los convenios con cada territorio.
A este respecto, el Ministerio de Derechos Sociales ha querido poner en valor el trabajo que está llevando a cabo junto a la Administración General del Estado para incrementar la financiación del sistema de la Dependencia y el margen de mejora que aún hay, señalan fuentes del gabinete.
«Esta vía de financiación del nivel acordado fue suspendida en 2012, cuando quienes gobernaban en ese momento recortaron el sistema de la Dependencia, y no fue recuperada hasta el año 2021 por el Gobierno de coalición«, mencionan estas mismas fuentes, subrayando que «ha costado mucho esfuerzo hacer frente al déficit financiero que arrastraba el sistema«, cuya dotación se incrementará «significativamente» en los próximos años, aseguran, con la aprobación de nuevos presupuestos.
