El Gobierno de España ha concedido un total de 51.054.740 euros en ayudas para 87 municipios con el objetivo de financiar el servicio de transporte público colectivo urbano interior del año 2024.
En el caso de Aragón, Zaragoza recibirá 7.625.763 euros; Teruel, 93.655 euros; y Huesca, 33.703 euros. Así, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible considera el transporte público «como derecho ciudadano y elemento contra el cambio climático».
Estas subvenciones se otorgan en régimen de concurrencia competitiva a los Ayuntamientos que dispongan del mencionado servicio de transporte, cualquiera que sea la forma de gestión, siempre que cumplan los siguientes requisitos: disponer de un Plan de Movilidad Sostenible; tener más de 50.000 habitantes de derecho; tener más de 20.000 habitantes de derecho, siempre que el número de unidades urbanas censadas en el catastro inmobiliario urbano sea superior a 36.000; y municipios que, aun contando con un número inferior de habitantes de derecho, sean capitales de provincia.
Se exceptúan los municipios que, cumpliendo los requisitos anteriores, participen en un sistema de financiación alternativo que cuente con fondos de la Administración General del Estado, como el transporte de las Islas Canarias, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia, que se benefician de las subvenciones nominativas previstas a tal fin en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Estas últimas también resueltas para el año 2024.
La concesión de estas subvenciones, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se enmarca en el cambio de enfoque que consolida al Ministerio como gestor de la movilidad, entendida como un derecho de los ciudadanos y un elemento de cohesión social, de crecimiento económico, de descarbonización y de lucha contra el cambio climático en nuestro país.
Así, desde 2021 el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible gestiona tanto las subvenciones nominativas a consorcios y autoridades metropolitanas de transporte, como las subvenciones por concurrencia competitiva a favor de Entidades Locales para financiar servicios de transporte colectivo urbano, que hasta 2020 estaban siendo gestionadas por el Ministerio de Hacienda.
