El Consejo de Ministros ha analizado un informe para modificar la ley que permite obtener el visado o autorización de residencia a extranjeros no residentes en la Unión Europea que compren una vivienda en España que cueste más de 500.000 euros. Es decir, para eliminar las denominadas golden visa inmobiliarias.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha recordado que el Ejecutivo trabaja con todos los instrumentos a su alcance para solucionar el problema de la vivienda.
Sus cuatro líneas de actuación son reforzar la oferta de vivienda asequible, favorecer la financiación a familias, jóvenes y promotores públicos y privados, agilizar los trámites para la construcción y atender a situaciones excepcionales, como el acceso a una vivienda en lugares concretos, con precios tensionados y falta de oferta residencial. La eliminación de las golden visa es el primer paso, según ha remarcado, para responder a estas situaciones especiales.
Desde que se aprobó la ley en el año 2013, se han concedido 14.576 golden visa ligadas a inversiones en bienes inmuebles, la mayoría a ciudadanos de China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán, Venezuela y México. Las principales provincias de inversión son Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia, que concentran el 90% de las autorizaciones concedidas en todo el territorio nacional.
Isabel Rodríguez también ha precisado que la compra de vivienda por extranjeros aumentó considerablemente en los últimos trimestres del año 2023. La adquisición de viviendas ligadas a inversiones contempladas en la ley de 2013 representa el 7,1% del total de las compraventas en un año en Marbella; el 5,3% en Barcelona y el 10% en algunos municipios de las Islas Baleares. Además, de cada 100 visados otorgados por la golden visa, 94 están vinculados a la acción inversión inmobiliaria.
Este tipo de inversiones, ha argumentado la ministra, tensionan mucho el mercado, incrementan el precio de las casas y favorecen la especulación. El objetivo del Gobierno, ha avanzado, es acabar con «la especulación que se ha incrementado de manera muy notable» desde el año 2022, cuando se duplicaron las concesiones de «visados inmobiliarios».
En este sentido, la ministra ha abogado por modificar la ley para eliminar los beneficios que contempla en el ámbito residencial y dirigir esa inversión a la promoción de vivienda a precio asequible y a la rehabilitación de inmuebles.
