El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, en cuya elaboración han participado siete ministerios.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recordado que, en marzo de 2022, el Congreso de los Diputados encomendó al Defensor del Pueblo crear una comisión independiente para estudiar las denuncias sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. Las conclusiones, a juicio de Bolaños, fueron «contundentes y muy claras, después de un trabajo concienzudo».
El informe concluyó que 440.000 personas podrían haber sufrido abusos sexuales en España, y la mitad podrían haber sido cometidos por religiosos de la Iglesia católica, que «no dio una respuesta adecuada al problema», según ha apuntado el ministro.
Félix Bolaños ha añadido que el documento del Defensor del Pueblo considera que es «necesario e imprescindible» que los poderes públicos respondan a esta situación, reconozcan el daño, adopten medidas para prevenir posibles futuros abusos y para reparar el daño que han sufrido las víctimas.
El Gobierno presenta hoy el plan de implementación del informe, ha manifestado el ministro, con el ánimo de saldar una deuda con las víctimas que durante décadas estuvieron olvidadas, reparar su daño y ponerlas en el centro de la acción política.
Las iniciativas del Gobierno para alcanzar estos objetivos se ordenan en cinco ejes: reconocimiento y reparación; atención a las víctimas; prevención; formación y sensibilización; e información e investigación.
Félix Bolaños ha detallado que el Ejecutivo prevé la organización de un acto público con las víctimas y sus familias que supondrá el primer paso para una reparación simbólica. También está prevista una reparación material adecuada en términos económicos. Con este fin, el plan contempla medidas legales y administrativas para apoyar a las víctimas que no han ejercido la acción penal. Así, el cómputo de los plazos de prescripción de la responsabilidad civil no se iniciará hasta que la víctima haya cumplido 35 años. Además, algunos delitos se van a considerar imprescriptibles y, por lo tanto, se podrán perseguir en todo momento.
Respecto a la atención integral a las víctimas, el ministro ha asegurado que recibirán un trato óptimo en los servicios especializados. Además, se generarán entornos seguros para que en los procedimientos judiciales las víctimas no tengan contacto con su agresor y se garantiza que todas dispondrán de asistencia jurídica gratuita.
En el ámbito de la prevención de los abusos sexuales en la infancia y la adolescencia, Bolaños ha avanzado que se reforzarán las labores de supervisión de las inspecciones educativas y se formarán coordinadores de bienestar y de protección en los centros docentes.
El ministro también ha indicado que se incluirán contenidos formativos y de sensibilización en los currículos de los docentes o profesionales de cualquier campo que estén o puedan estar en contacto con menores.
La investigación de las causas de la violencia infantil y la mejora de los sistemas de información y de obtención de datos facilitarán la toma de decisiones y la implantación de políticas públicas, ha concluido el ministro.
Félix Bolaños ha precisado que todas estas medidas se implementarán entre los años 2024 y 2027, periodo de vigencia del plan. El objetivo del Gobierno, ha dicho, es llevar a cabo políticas públicas que pongan en el centro a las víctimas y reparar el daño causado en colaboración con la Iglesia Católica, con la que se han iniciado conversaciones para que «sufrague y asuma el coste de la reparación económica» de los abusos sexuales cometidos en su ámbito.
«La Iglesia ha reconocido la existencia de estos abusos y me consta que también están trabajando en cómo reparar de manera integral a las víctimas. Creo que nadie entendería que la Iglesia española no actuara como han actuado otros países de nuestro entorno, como Irlanda, Francia, Bélgica, o como otros países de fuera de la Unión, como Estados Unidos», ha recalcado el ministro.
Reforma del Registro Central de Delincuentes Sexuales
El Gobierno ha modificado la regulación del actual Registro Central de Delincuentes Sexuales con el fin de reforzar sus funciones de protección integral a la infancia y la adolescencia.
El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha recordado que el registro, en funcionamiento desde el año 2016, garantiza que nadie con antecedentes por delitos sexuales trabaje en contacto con menores. «Es una base de datos gratuita, pero no pública, a la que podemos acceder todos los ciudadanos para obtener el certificado de no antecedentes penales para poder trabajar en algún oficio que tenga que ver con menores», ha remarcado.
La primera modificación aprobada hoy es que el registro incorporará información sobre las personas condenadas por trata de seres humanos, con independencia de la edad de la víctima. Así, el registro cambia su denominación y pasará a denominarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.
La segunda novedad, según ha expuesto Félix Bolaños, es que se habilita a empresas, instituciones, ONG y a algunos colegios profesionales a solicitar de forma periódica el certificado negativo de antecedentes penales de sus trabajadores que estén en contacto habitual con menores, contando con su consentimiento. Así se evita que personas que hayan cometido un delito tras haber sido contratadas se relacionen con menores.
La tercera reforma supone que la norma habilita a las personas de entre 16 y 18 años, como los monitores de campamentos o socorristas, para que puedan solicitar el certificado al registro directamente, y no a través de sus padres o tutores.
La cuarta modificación implica la interconexión del registro de antecedentes penales europeo con el español, de forma que los ciudadanos de la Unión Europea que quieran trabajar en España obtendrán de forma simultánea los dos certificados que se les exigen: el de carencia de antecedentes penales en España y el de carencia en su país de origen.
El ministro también ha informado de que se equipara el régimen de cancelación de las condenas dictadas a personas condenadas por delitos sexuales por parte de jueces o tribunales extranjeros al régimen español.
«Con esta reforma aumentamos la cooperación con otros países de nuestro entorno y tomamos medidas que simplifican la burocracia al máximo. Trámites que podían prolongarse durante semanas, ahora se podrán hacer con un clic, en prácticamente minutos», ha concluido.
