La Comisión de Hacienda de Huesca Aprueba Nuevas Ordenanzas Fiscales para 2026

En una sesión celebrada este lunes, la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Huesca dio su visto bueno al nuevo paquete de ordenanzas fiscales para el año 2026. Este conjunto de medidas ha sido promovido por el equipo de gobierno del Partido Popular (PP).

El dictamen fue aprobado gracias a los votos favorables de los miembros del PP y de un concejal no adscrito, quien anteriormente formaba parte de Vox. Por otro lado, tanto el PSOE como Vox se opusieron a la propuesta. El texto será sometido a aprobación en el pleno tras un proceso exhaustivo en el que, según el consistorio, se han analizado las propuestas de los diferentes grupos registradas el 14 de octubre, así como el impacto económico de cada modificación propuesta.

Declaraciones del Concejal de Hacienda

El concejal de Hacienda, Ricardo Oliván, defendió el documento afirmando que es el resultado de un trabajo tanto técnico como político. Este trabajo se centra en reducir las cargas fiscales, modernizar el sistema tributario y fomentar la actividad empresarial. Una de las medidas más significativas es la eliminación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), comúnmente conocido como plusvalía municipal. Con la eliminación de este tributo, los ciudadanos de Huesca no tendrán que pagar por las transmisiones de terrenos urbanos, ya sea en ventas, herencias, donaciones o permutas.

Impacto Económico y Controversia Política

La eliminación de la plusvalía tendrá un impacto financiero significativo, ya que el Ayuntamiento dejará de percibir aproximadamente 400.000 euros anuales. Tanto el PSOE como Vox han criticado esta medida, argumentando que beneficia principalmente a patrimonios altos y perfiles especulativos. Según el grupo socialista, la eliminación de la plusvalía en Huesca favorece a quienes especulan con la vivienda, y consideran que el discurso de una bajada generalizada de impuestos es “irreal”. Estiman que el consistorio compensará esta pérdida de ingresos con incrementos en tasas que afectan a todos, como las de basuras, agua o zona azul.

La portavoz del PSOE, Silvia Salazar, fue especialmente crítica con el proceso y el equilibrio político que ha permitido su aprobación: “Una vez más, el concejal tránsfuga es quien permite que la señora Orduna tenga mayoría. Ha vendido su voto por menos de 75.000 euros”, afirmó, refiriéndose al valor que los socialistas atribuyen a las concesiones hechas por el concejal no adscrito.

“El PP tiene asegurado el voto número 13, haga lo que haga”, añadió Salazar. Defendió el modelo alternativo de su grupo, que se centra en cuidar a la mayoría con medidas realistas y progresivas, incentivar comportamientos responsables y reinvertir cada euro público en mejorar Huesca.

Perspectiva del Gobierno Municipal

Desde el gobierno municipal, Ricardo Oliván evita entrar en lecturas partidistas y subraya la estrategia del equipo de gobierno: “Reducir la carga fiscal donde tiene más efecto en la inversión y el empleo, y ajustar los precios públicos a los costes reales cuando lo exige la normativa”.

Rebajas Fiscales y Ajustes Necesarios

Además de la eliminación de la plusvalía, el documento contempla una reducción del 2% en tres tasas relacionadas con la actividad económica. Estas tasas incluyen las licencias de apertura, la ocupación de la vía pública con mercancías, materiales y andamios, y el uso de espacio público para terrazas (mesas, sillas y veladores). Según el área de Hacienda, estas medidas son “palancas para agilizar iniciativas, pequeñas obras y hostelería”.

En cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), se amplían las bonificaciones por creación de empleo, con una mejora de hasta 15 puntos según los tramos de plantilla. En el Impuesto de Vehículos, se ajusta a la baja el coeficiente de turismos, pasando de 1,875 a 1,87. Por otro lado, la tasa de basuras y la de suministro de agua experimentarán un incremento del 2,7%, equivalente al IPC. El PP argumenta que este ajuste está “marcado por normas estatales y comunitarias” que obligan a alinear las tarifas con los costes efectivos del servicio.